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Discurso del Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina, Felipe Solá

Comité Especial encargado de Examinar la Situación con respecto a la Aplicación de la Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales

 

Cuestión de las Islas Malvinas

 

Discurso del Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina, Felipe Solá

 

24 de junio 2021

 

 

Gracias, Sra. Presidenta:

 

Es un honor dirigirme a este Comité Especial por primera vez como Ministro de Relaciones Exteriores de la Argentina. También es un honor especial que mi primera visita como Canciller a las Naciones Unidas sea para intervenir en este Comité que usted tan dignamente preside y que lleva adelante una de las tareas más nobles que las Naciones Unidas han emprendido, poner fin al colonialismo en el mundo.

 

Nos congratulamos que, gracias a su esfuerzo, al de la mesa y al de todos los integrantes del Comité, en el 2020 se haya podido dar continuidad a los trabajos de manera remota y de ese modo adoptar por unanimidad todas las resoluciones y en particular la que atañe a la cuestión de las Islas Malvinas. El pueblo argentino agradece este esfuerzo y saluda la posibilidad de que hoy podamos volver a reunirnos personalmente para tratar nuevamente el reclamo de que se cumplan las Resoluciones de la Asamblea General al respecto.

 

Hoy me acompaña el Secretario de Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur de la Cancillería Argentina, el Embajador Daniel Filmus. Debido a las precauciones que nos exige la pandemia, a diferencia de ocasiones anteriores, los representantes de las diferentes fuerzas políticas, la provincia de Tierra del Fuego y la sociedad civil de la Argentina no han podido sumarse a esta delegación. Sin embargo, quiero destacar que el apoyo unánime a la recuperación pacífica del ejercicio efectivo de la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y lo espacios marítimos

 

circundantes es hoy más firme que nunca. Vaya como ejemplo que en 2020 el Congreso Nacional aprobó por unanimidad tres leyes que dan cuenta de que la recuperación pacífica del ejercicio efectivo de la soberanía es una política de Estado con el mayor de los consensos en la sociedad argentina y que se encuentra consagrada en la Constitución Nacional. Mediante una de esas leyes, se creó el Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares circundantes en el que se encuentran representados además del Poder Ejecutivo Nacional, legisladores de los principales partidos políticos, la provincia de Tierra del Fuego, académicos, juristas y distintos sectores de la sociedad civil, y que tiene por objeto constituir un espacio plural en el máximo nivel institucional a efectos de diseñar estrategias de Estado a corto, mediano  y largo plazo que permitan avanzar en la solución de la disputa de soberanía que mí país mantiene con el Reino Unido tal y como establece la Resolución 2065 (XX) de la Asamblea General y subsiguientes.

 

Señora Presidenta:

 

Este año comienza el Cuarto Decenio Internacional para la Eliminación del Colonialismo y todavía este Comité Especial se enfrenta al desafío de situaciones coloniales que aún no han sido resueltas. El flagelo del colonialismo afecta particularmente a América latina y el Caribe. Más de la mitad de los territorios no autónomos se encuentran en nuestra región. Como el Presidente Alberto Fernández ha manifestado, “No hay lugar para el colonialismo en el siglo XXI”. Guiados por esta convicción, continuaremos apoyando los esfuerzos de las Naciones Unidas para poner fin a las situaciones coloniales pendientes de solución, con un criterio caso por caso y teniendo en cuenta las recomendaciones de la Asamblea General sobre cada uno de los territorios que siguen bajo ocupación colonial.

 

Como bien conocen los miembros de este Comité Especial, la controversia de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido se remonta a 1833, cuando el Reino Unido ocupó ilegalmente y por la fuerza las Islas Malvinas. Lo hizo ocho años después de haber celebrado con la Argentina el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación del 2 de febrero de 1825, momento en el cual la soberanía de la República Argentina sobre los territorios hoy disputados, además de ser incuestionable desde el punto de vista del derecho

 

internacional, era pública, pacífica e ininterrumpida desde el mismo inicio de la existencia del Estado argentino en su carácter de heredero de España que había administrado esos territorios desde el comienzo de su presencia en América. Los 32 gobernadores que fueron designados por parte de España para Malvinas en el período colonial son una demostración más del ejercicio de esta administración efectiva, exclusiva, ininterrumpida, pacífica, pública y de buena fe.

 

La evidencia de que la Argentina ejercía soberanía sobre las Islas al momento de la usurpación británica es abundante y concluyente y se remonta a los primeros momentos de su vida como nación independiente. En 1820 se produjo la toma de posesión oficial y el primer izamiento de la bandera argentina en las Islas Malvinas, cuyo bicentenario conmemoramos el pasado 6 de noviembre. El gobierno argentino procedió también al dictado de normas y al establecimiento de las estructuras jurídicas y administrativas que consolidaron el ejercicio pleno de su soberanía, incluyendo el fomento al desarrollo de actividades comerciales y el establecimiento de población. Al respecto, en junio de 1829, hace 188 años, el Gobierno de Buenos Aires creó la Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas y las adyacentes al Cabo de Hornos en el mar Atlántico y nombró a Luis Vernet al frente de la comandancia.

 

La usurpación británica por la fuerza de una parte del territorio argentino y la expulsión de la población y las autoridades argentinas legítimamente allí establecidas jamás fue consentida por nuestro país. Desde el mismo momento en que esa usurpación tuvo lugar, la Argentina ha protestado de manera permanente e ininterrumpida tanto de manera bilateral ante el Reino Unido como en todos los foros internacionales pertinentes.

 

Teniendo en cuenta estos antecedentes, en 1965, la Asamblea General adoptó la resolución 2065 (XX) que fue aprobada sin votos en contra. En dicha resolución la Asamblea General reconoció la existencia de una disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur entre la Argentina y el Reino Unido y estableció que la forma de ponerle fin es mediante las negociaciones bilaterales entre ambos gobiernos.

Aquella resolución fue el puntapié inicial de un proceso de negociaciones bilaterales entre la Argentina y el Reino Unido que se vio interrumpido quince

 

años después. En el marco de esas conversaciones, ambos gobiernos evaluaron diferentes alternativas para que la Argentina recuperara el ejercicio efectivo de la soberanía sobre las Islas, las que no lograron concretarse debido a la negativa británica.

 

La resolución 2065 (XX) destacó asimismo la importancia de que en el proceso de negociación bilateral entre los Gobiernos argentino y británico se tuviera en cuenta el interés de los habitantes de las Islas Malvinas. Y así fue. En forma paralela a las negociaciones sobre el fondo de la Cuestión, se desarrollaron conversaciones especiales sobre aspectos prácticos que permitirían mejorar la calidad de vida de la población de las Islas, demostrando así la Argentina su voluntad de atender a los intereses de los isleños. Como resultado de esas conversaciones especiales, este año se cumplen 50 años de que ambos gobiernos arribaran a un acuerdo –bajo fórmula de salvaguardia soberanía- que facilitó la provisión de bienes y servicios a las islas desde el continente. En este marco, se establecieron servicios aéreos y marítimos regulares; comunicaciones postales, telegráficas y telefónicas. Al mismo tiempo, el Gobierno argentino brindó a los habitantes de las Islas asistencia en los  campos de la salud, educación, agrícola y tecnología.

 

Este acuerdo, firmado por Argentina y Reino Unido en agosto de 1971, planteaba, leo textualmente, que “las conversaciones tuvieron lugar dentro del marco general de las negociaciones recomendadas por la Resolución 2065 (XX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas y de conformidad con las cartas dirigidas al Secretario General de la Organización por los Representantes de ambos países…las medidas adoptadas pueden contribuir al proceso de una solución definitiva de la disputa de las Islas entre los 2 gobiernos a la que refiere la Resolución 2065 (XX)”.

 

Señora Presidenta:

 

¿Qué ocurrió entre 1971 y hoy que, después de comenzar a cumplir la Resolución 2065 (XX), el Reino Unido se niega permanentemente a retomar el diálogo? Recuerdo aquí que el 4 de noviembre de 1982, a través de su resolución 37/9, la Asamblea General resolvió que, nuevamente leo en forma textual: “tomando en cuenta la existencia de una cesación de las hostilidades en Atlántico Sur y la intención manifiesta por las partes de no reanudarlas…

 

Pide a los Gobiernos de Argentina y Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte que reanuden las negociaciones a fin de encontrar a la mayor brevedad una solución pacífica a la disputa de soberanía referida a la cuestión Malvinas”. No existe ninguna razón, salvo la intención del Reino Unido de mantener la manifiestamente ilegítima situación colonial, para que no se retome ya mismo el diálogo bilateral por la Cuestión Malvinas.

 

Sra. Presidenta:

 

El gobierno argentino mantiene permanentemente la misma voluntad de continuar con las negociaciones de soberanía con el Reino Unido. Sin embargo, desde hace casi cuatro décadas el Reino Unido se rehúsa a reanudar las negociaciones con la Argentina para encontrar una solución pacífica de la controversia bilateral de soberanía de conformidad con lo establecido por la Asamblea General.

 

El Reino Unido alega que no habrá negociaciones de soberanía a menos que los habitantes de las Islas así lo consientan. De esta forma, el Reino Unido pretende desconocer lo establecido por la Asamblea General amparándose en el supuesto derecho a la libre determinación de los habitantes de las Islas Malvinas. Este razonamiento no tiene sustento en el derecho internacional y no es más que una excusa para preservar su presencia colonial en el Atlántico Sur.

 

Invocando el principio de libre determinación, el Reino Unido procura justificar el quebrantamiento de la integridad territorial de la Argentina que llevó adelante con sus acciones de 1833. Esto resulta contrario a lo establecido en el párrafo sexto de la Declaración sobre la concesión de independencia a los países y pueblos coloniales (resolución 1514 (XV)) que señala que todo intento encaminado a quebrantar la integridad territorial y la independencia política de un país es contrario a los propósitos y principios de la Carta.

 

Como todos sabemos, el derecho a la libre determinación no es aplicable a las Islas Malvinas. La composición de la población de las Islas es el resultado de la colonización iniciada por el Reino Unido en 1833, quien luego de ocupar por la fuerza el territorio y expulsar a las autoridades y a los habitantes argentinos, implementó medidas para impedir su regreso e implantar súbditos británicos,

 

con el propósito de definir una composición demográfica de las Islas a la medida de sus intereses coloniales. La ilegítima legislación colonial estuvo pensada desde un comienzo para preservar el “carácter británico” de la población de las islas y dificultar el asentamiento de argentinos provenientes del continente. Sólo de ese modo se explica que - no obstante, la proximidad geográfica de las Islas con la parte continental argentina – la casi inexistencia de personas nacidas en territorio continental argentino que residen en las  Islas.

 

Asimismo, la resolución 2065 (XX) dice que deben tenerse en cuenta los intereses de los habitantes de las Islas Malvinas. Ni esta, ni ninguna de las resoluciones posteriores sobre la cuestión de las Islas Malvinas han hecho mención del principio de libre determinación de los pueblos. Incluso en 1985, la Asamblea General rechazó los dos proyectos de enmienda presentados entonces por el Reino Unido con el objeto de incluir referencias a la libre determinación en la resolución sobre la cuestión.

 

Pretender aplicar la libre determinación a las Islas Malvinas supondría dejar librado a los propios colonizadores la decisión sobre el estatus final del territorio, lo que distorsiona el propósito de este principio fundamental del derecho internacional contemporáneo.

 

Mi país ha demostrado de manera consistente su respeto por los intereses de los habitantes de las Islas Malvinas. Durante las negociaciones bilaterales de soberanía que se desarrollaron entre 1966 y 1982 la Argentina se mostró siempre dispuesta a negociar con el Reino Unido salvaguardias especiales para la población de las Islas a fin de garantizar que sus intereses fueran debidamente resguardados. Asimismo, el respeto al modo de vida de los isleños se encuentra consagrado en nuestra Constitución Nacional. El acuerdo de 1971, al que antes hice referencia, es un ejemplo de esta actitud que hemos mantenido permanentemente.

 

Con este mismo espíritu el gobierno argentino ha gestionado y permitido vuelos desde las Islas hacia otros países del continente y ha propuesto al Reino Unido, el restablecimiento de un vuelo regular semanal desde la Argentina continental a las Islas Malvinas y continúa aguardando una respuesta al respecto.

 

 

En marzo de 2020, cuando el mundo se vio sacudido por la peor pandemia de los últimos 100 años, la Argentina expresó al Gobierno del Reino Unido su disposición a colaborar con los habitantes de las Islas en relación con la situación generada por ella ofreciendo alimentos, suministros médicos o pruebas diagnósticas de COVID-19, así como vuelos humanitarios y acceso a tratamientos médicos en el continente. El ofrecimiento del Gobierno argentino nunca fue respondido. Por supuesto Argentina atendió positivamente todos  los requerimientos humanitarios que, principalmente en materia de transporte, se realizaron.

 

Asimismo, la población de las Islas tiene garantizado su acceso a los sistemas públicos de salud y de educación brindados en el territorio continental. El gobierno argentino está convencido de que el fortalecimiento de los vínculos entre los habitantes de las Islas y del continente es un elemento esencial que redundará en beneficios para todos los interesados. En ese marco y bajo el mismo espíritu de acercamiento y comunicación que imperó en la década del 70, acaba de lanzar un programa de becas para los estudiantes de las Islas Malvinas que deseen cursar carreras de pregrado, grado y de posgrado en alguna de las seis Universidades de la Patagonia.

 

También quiero destacar que el gobierno argentino ha mantenido la política de Estado iniciada en 2012 respecto de la identificación de los  soldados argentinos sepultados en las Islas Malvinas. Se trata de una tarea humanitaria concertada con el Reino Unido con la intermediación del Comité Internacional de la Cruz Roja que ha trascendido a distintos gobiernos y que ha permitido, después de muchos años de espera, la identificación de 115 soldados, llevando paz y consuelo a sus familiares. Con la misma perspectiva humanitaria, el 18 de marzo del corriente año se firmaron con el Reino Unido y el Comité Internacional de la Cruz Roja los instrumentos necesarios para llevar adelante la identificación de los restos de los soldados que descansan en la tumba múltiple C1 10 en el Cementerio de Darwin en las Islas Malvinas. Esperamos poder continuar transitando por ese camino de entendimiento hasta alcanzar la identificación de todos los soldados caídos en las Islas Malvinas.

 

Señora Presidenta:

 

 

Además de hacer caso omiso al llamado de la comunidad internacional para reanudar las negociaciones, el Reino Unido persiste con sus actividades contrarias a la resolución 31/49 de la Asamblea General, que insta a las partes a abstenerse de llevar adelante acciones unilaterales en el área en disputa hasta que se encuentre una solución definitiva a la controversia.

Estas acciones incluyen la exploración y explotación ilegal de recursos renovables y no renovables en el área en disputa, que han sido denunciados reiteradamente por la Argentina.

Este año se conoció que el Reino Unido decidió extender las licencias unilaterales de pesca en las aguas circundantes a Malvinas por 25 años más a partir de 2031, lo que torna imposible mantener un esquema de cooperación en materia de conservación de recursos pesqueros.

 

Asimismo, sigue adelante en sus planes de avanzar en la ilegítima exploración y explotación de los recursos hidrocarburíferos en el área en disputa.

 

El Gobierno argentino continuará rechazando la explotación ilegal por parte del Reino Unido de los recursos naturales que pertenecen al pueblo argentino en el Atlántico Sur y seguirá llevando adelante las acciones legales que resulten necesarias para su defensa. El derecho de la Argentina a tomar medidas de conformidad con el derecho internacional y las resoluciones relevantes de la Asamblea General contra las actividades no autorizadas de exploración y explotación de hidrocarburos en el área en disputa ha sido reconocido por la comunidad internacional, en particular por el Grupo de los 77 y China en la declaración Ministerial adoptada el 12 de noviembre de 2020.

 

También en contradicción con la Resolución 31/49, el Reino Unido mantiene  en las Islas una injustificada y desproporcionada presencia militar, realizando regularmente maniobras y ejercicios que la Argentina ha protestado enérgicamente. El despliegue de la fuerza militar británica en las Islas resulta completamente injustificado ya que todos los Gobiernos democráticos de la Argentina han reafirmado su decisión de resolver la controversia exclusivamente por medios pacíficos. La presencia militar del Reino se aparta asimismo de los pronunciamiento las Naciones Unidas y de otros organismos internacionales, en particular de la resolución 41/11 de la Asamblea General (Zona de Paz y Cooperación en el Atlántico Sur) que entre otras disposiciones,

 

exhorta a los Estados de todas las demás regiones, en especial a los Estados militarmente importantes, a que respeten escrupulosamente la región del Atlántico Sur como zona de paz y cooperación, especialmente mediante la reducción y eventual eliminación de su presencia militar en dicha región.

 

Deseo a su vez expresar mi especial reconocimiento a los países latinoamericanos que han copatrocinado el proyecto de Resolución, y a todos los países que se pronunciarán durante la presente sesión y a quienes suman su voz en múltiples foros regionales y multilaterales al llamado de la comunidad internacional para resolver esta controversia, tales como la OEA, el G77 más China, el MERCOSUR, la Cumbre Iberoamericana, la CELAC, el SICA, la OLADE, el PARLASUR, el PARLACEN, el Foro de Cooperación América del Sur- África (ASA) y la Cumbre Países Árabes - Sudamérica (ASPA).

 

Quisiera finalizar reiterando la voluntad del gobierno argentino de seguir buscando sin descanso una solución pacífica de la disputa de soberanía. En este marco, quisiera poner en conocimiento del Comité Especial que el martes 22 de junio mantuve una reunión con el Secretario General, Antonio Guterres, en la que transmití nuestro apoyo a sus esfuerzos para asistir a las partes en la disputa para reanudar las negociaciones a través de la misión de buenos oficios que le fuera encomendada por la Asamblea General en 1982, reafirmada año tras año por este Comité.

 

Confiamos en que una vez más, este Comité Especial renovará su compromiso con el derecho internacional y la solución pacífica de controversias, y adoptará por consenso el proyecto de resolución sobre la cuestión de las Islas Malvinas.

 

Muchas gracias.

agencia argentina de inversiones y comercio internacional

Fondo argentino de cooperación sur-sur y triangular