3 de Enero de 2021
Información para la Prensa N°: 001/21
El 3 de enero de 1833, las Islas Malvinas fueron ilegalmente ocupadas por fuerzas británicas que desalojaron a la población y a las autoridades argentinas allí establecidas legítimamente, reemplazándolas por súbditos británicos. Desde el inicio de su proceso de emancipación, la República Argentina, como legítima heredera de los territorios continentales, insulares y marítimos que habían pertenecido a España, ejerció su soberanía sobre estos archipiélagos y espacios marítimos a través de diversos actos de gobierno que incluyeron la designación de autoridades, la toma solemne de posesión de las Islas Malvinas en nombre de las Provincias Unidas del Río de la Plata y el primer izamiento de la bandera argentina en ese suelo. En el año 2020 se acaban de cumplir 200 años de este acontecimiento. El acto de fuerza británico que culminó en la ocupación ilegítima de las Islas Malvinas fue protestado inmediatamente por las autoridades argentinas de aquel entonces y nunca fue consentido por gobierno argentino alguno. A lo largo de los 188 años durante los cuales se sostiene la usurpación, la Argentina mantuvo ininterrumpidamente el firme reclamo de ejercer su soberanía efectiva sobre estas Islas y los espacios marítimos circundantes.
La recuperación del ejercicio efectivo de nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, conforme el derecho internacional y respetando el modo de vida de sus habitantes, es un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino, tal como se encuentra plasmado en nuestra Constitución Nacional y constituye una política de Estado.
El llamado de la comunidad internacional respecto de la necesidad de realizar negociaciones bilaterales entre Reino Unido y la Argentina que permitan encontrar una solución pacífica a la disputa de soberanía teniendo en cuenta los intereses de los habitantes de las Islas fue plasmado hace 55 años, sin ningún voto en contra, en la resolución 2065 (XX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Dicha declaración, que ha reconocido la existencia de una situación colonial especial y particular en la Cuestión Malvinas, fue reiterada por resoluciones subsiguientes de la misma Asamblea y por el consenso que anualmente suscriben los países integrantes del Comité Especial de Descolonización de la ONU.
Asimismo, la comunidad internacional ha insistido en este llamado al diálogo a través de numerosas declaraciones de foros multilaterales que, como la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Grupo de los 77 y China, la Cumbre Iberoamericana, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), el Parlamento del MERCOSUR (PARLASUR), la Cumbre África-Sudamérica (ASA) y la Cumbre América del Sur-Países Árabes (ASPA), han solicitado la reanudación de las negociaciones a la brevedad posible.
La negativa a cumplir con la obligación de reanudar las negociaciones por la soberanía se encuentra agravada por la continua introducción de actos unilaterales por parte de Reino Unido. Estas acciones incluyen la exploración y explotación de recursos naturales renovables y no renovables -que la Argentina ha rechazado ininterrumpidamente-, así como una injustificada y desproporcionada presencia militar en las Islas. Todos estos actos son contrarios a la resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y han suscitado expresiones de preocupación y rechazo por parte de la comunidad internacional.
Reafirmando los legítimos derechos de soberanía, durante el año 2020 el Congreso Nacional ha sancionado por unanimidad tres leyes que fortalecen el trabajo por el reclamo argentino. En primer lugar, se ha creado el Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes con el objeto de constituir un espacio plural en el máximo nivel institucional que diseñe estrategias de Estado a mediano y largo plazo. También se ha hecho efectiva la demarcación del límite exterior de la Plataforma Continental Argentina, consolidando el resultado de un trabajo de más de dos décadas realizado por la Comisión del Límite Exterior de la Plataforma Continental y que oportunamente fue presentado ante las Naciones Unidas. Por último, se han elevado las multas y sanciones a la pesca ilegal en aguas argentinas, buscando disuadir la pesca furtiva y promover la conservación y el manejo eficiente de nuestros recursos en el Atlántico Sur.
Deseamos reiterar nuestro firme compromiso con la solución pacífica de la controversia y con el pleno respeto del derecho internacional y de los intereses de quienes viven en las Islas. Reafirmamos también nuestra disposición a retomar las negociaciones con el Reino Unido conforme los reiterados llamados de la comunidad internacional, con el mismo espíritu constructivo que sostuvimos en los años siguientes a la adopción de la resolución 2065 (XX). Años en los que las dos partes pusieron en marcha los mecanismos de negociación estipulados en dicha Resolución. Asimismo, solicitamos a la Secretaría General de la ONU que renueve los esfuerzos en el cumplimiento de la misión de buenos oficios que le fuera encomendada por la Asamblea General a través de sucesivas resoluciones.
A 188 años de la usurpación de las Islas Malvinas, el Gobierno y el pueblo argentino reafirman una vez más sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.